VIOLENCIA COLECTIVA Y MINERÍA EN COLOMBIA

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VIOLENCIA COLECTIVA Y
MINERÍA EN COLOMBIA:
HALLAZGOS PRELIMINARES A PARTIR
DE DOS ESTUDIOS DE CASO
Corporación Nuevo Arco Iris - Fundación Foro Nacional por
Colombia - Azaí Consultores
Agosto de 2012
Índice
1. Contexto de la Investigación
2. Los estudios de caso
3. El Análisis Institucional y de Agentes
1. Contexto de la Investigación
Violencia colectiva:
Acción o manifestación violenta que
involucra un número plural de
perpetradores que se unen en torno
a algún propósito colectivo cuya
definición es el resultado de un
proceso coordinación, sea este de
naturaleza espontánea, oportunista
o altamente estructurado.
Las preguntas de investigación
¿De qué manera influye la minería en
la violencia colectiva y conflictos que
se dan en los distritos mineros?
¿Desde qué elementos se podrían
mitigar dichos tipos de riesgos, a fin de
contribuir a una minería sostenible?
Otras preguntas adicionales
¿Qué incidencia tiene la actividad minera
sobre la presencia de grupos armados
ilegales y las dinámicas de violencia
colectiva?
¿Son mitigables los riesgos e impactos que
la presencia de actores armados en zonas
de operación minera?
¿Qué arreglos institucionales pueden
contribuir específicamente a mitigar esos
riesgos e impactos?
Una nueva pregunta central
¿Se puede hacer minería
responsable donde hay capacidad
limitada de control de las
autoridades de gobierno sobre el
orden público y hay presencia de
grupos armados ilegales?
Dos enfoques
Dos enfoques de investigación distintos
pero complementarios:
•
Análisis de dos estudios de caso sobre dos
zonas mineras de características distintas:
o
o
•
Suarez, Cauca
La Jagua de Ibirico, Cesar
Análisis sobre los vínculos locales entre los
procesos de violencia colectiva y actividad
extractiva Marco Análisis Institucional y
Desarrollo (MAID) impulsada por E. Ostrom
(2005) y otros.
Objetivo
Analizar la relación entre la actividad
minera y violencia colectiva, con el fin
de construir hipótesis para comprender
mejor las carácterísticas de dicha
relación y de identificar alternativas
para su eventual manejo.
2. Los estudios de caso
La Jagua de Ibirico: Minería de
gran escala de carbón en una
zona de extracción de rentas por
parte de grupos armados
ilegales
Suarez: Minería artesanal y
de pequeña escala de oro
en un corredor de movilidad
de grupos armados ilegales
Una tipología de la violencia
interpersonal
ALTO
RITUALES
VIOLENTOS
NIVEL DE COORDINACIÓN ENTRE
PERPETRADPRES
NEGOCIACIONES ROTAS
DESTRUCCIÓN
COORDINADA
ATAQUES DISPERSOS
OPORTUNISMO
COLECTIVA
INDIVIDUAL
BAJO
REYERTAS
AGRESION
INDIVIDUAL
VISIBILIDAD DEL DAÑO A CORTO PLAZO
ALTO
Tomado de Tilly, C. (2003). The Politics of Collective Violence, New York, Cambridge
University Press, p. 15
Conclusiones preliminares: Suárez
• Predominan conflictos alrededor de aspectos sociales y
culturales que no tienen una relación directa con el
conflicto armado, aunque sí con la minería:
o conflictos étnicos y culturales,
o las dinámicas relacionadas con el proceso de consulta
previa,
o las prevenciones frente a la llegada de migrantes y
o la oposición a la posibilidad del inicio de megaproyectos
de explotación minera,
• Todas estas problemáticas son susceptibles de escalar
y abrirle espacios a expresiones de violencia colectiva
en las que tendrían mayor protagonismo los
especialistas en violencia, como es el caso de los
grupos armados ilegales.
Conclusiones preliminares: La
Jagua
•
Luego de la desmovilización del AUC emergen de nuevo manifestaciones
de descontento popular en relación con:
o la corrupción administrativa en la inversión de los recursos públicos en la zona;
o el incumplimiento de las medidas de mitigación de impactos ambientales,
o las políticas y condiciones laborales de las empresas mineras,
o en general, por la precaria calidad de vida de los pobladores.
•
La inercia estatal conduce a protestas por vías de hecho, que
aparentemente resultan funcionales para :
o los contratistas a cargo de obras de inversión pública ,quienes cuentan con un
argumento adicional para solicitar nuevas prórrogas y ampliaciones.
o las empresas mineras optan por pagar las multas antes que cumplir con obligaciones
cuando sus cálculos de costo – beneficio así lo aconseja.
•
En este contexto se mantiene el riesgo que movimientos de protesta
popular sean instrumentalizados por algún grupo de armado ilegal presente
en la zona que pueden escalar en violencia colectiva.
•
Un escenario de dominado por destrucción coordinada siempre resultará
más llevadero para las empresas mineras y el Estado que para las
población local.
3. Análisis Institucional y de
Agentes
1. Diseño
Metodológico en
detalle
2. Identificación
de 5 momentos de
afectación
3. Análisis
Normativo
3. Línea de tiempo
3. Caracterización de
escenarios
4. Caracterización
de actores
5. Flujo de
Incentivos
6. Conclusiones
preliminares
Suárez. Comportamiento a través del tiempo
La Jagua. Comportamiento a través del tiempo
Caracterización de escenarios
•
•
•
•
•
Suárez 2000
Suárez 2009/10
La Jagua 1997
La Jagua 2002
La Jagua 2007
Mapa de Incentivos
FARC presionan venta de
títulos mineros y minas a
testaferros
+
Proyectos de minería ilegal no
tradicional
+
Nuevos proyectos mineros de
mediana escala
Fortalecimiento Frentes 6 y 30
FARC
+
+
+
Nuevos proyectos mineros de
mediana escala
Ley de Justicia y Paz
+
+
Adjudicación de nuevos
títulos mineros por parte de
INGEOMINAS
+
Aumento de los precios
internacionales del Oro
+
+
+
+
Estudios técnicos dan
favorabilidad frente a
minerales disponibles en
Suárez
+
+
Potencial inicio de exploración
por parte de multinacionales
mineras (incl. AngloGold)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Solicitud de desalojo de
Sarria al Consejo de La Toma,
amparado en procesos
administrativos
Arraigo a la cultura de minería
tradicional en comunidades
Afro
Alianza de Consejo y ONG
interponen Acción de Tutela
+
Se constituye el Consejo
Comunitario de La Toma
+
+
+
+
Simetría de objetivos de
proceso entre Comunidades
Negras, Observatorio
Discriminación (Uniandes),
CorpoSembrar
-
Amparo Administrativo
otorgado por INGEOMINAS
Regional Cali
Comunidad Afro genera
rechazo frente a ingreso de
multinacionales mineras
Autoridades estatales no
cumplen aplicación de Zona de
Reserva Especial
+
+
Intereses coincidentes
Alcaldía - Sr. Sarria
+
+
Sentencia T-1045A
Corte Constitucional
Ley 70 / 93
Consejo Comunitario
permanece en su territorio
Declaración de zona de
reserva especial minera
+
Orden de desalojo de
Alcaldía
+
+
+
Fallo a favor de Sarria en
Tribunal Superior de Popayán
+
Ceritifcación de no existencia
de comunidades indígenas
debe otorgarse por Min.
Interior (Dec. 1320/98)
Incrementa desconfianza del
Consejo Comunitario de La
Toma
+
+
+
+
Amenazas de Águilas Negras a
Consejo Comunitario de La
Toma
+
AngloGold decide posponer
exploración
Auto 005/2009 Corte
Constitucional
Llegada de Águilas Negras
(Bacrim)
+
Usufructo del territorio se
ligado a la posesión de un
Título Minero
-
+
+
Conflicto entre Sarria y
Alcaldía VS. Consejo
Comunitario de La Toma
Ciertos empresarios requieren
seguridad en la zona
+
Anglo-American y AngloGold
Ashanti solicitan
títulos mineros en Suárez
+
+
+
Licencia ambiental la otorga
CRC, pero es negada.
Desmovilización Bloque
Calima AUC
+
+
-
Código Minero 2001
(Arts. 15, 205, 307, 308)
+
Accidente de mineros (2007)
Cambios en las dinámicas de
violencia. Disminución de
desplazamientos, persistencia
de los homicidios, aumento de
amenazas.
Principales hallazgos AIA
• Catalizadores:
– Propiedad privada y tierras
– Violencia principalmente de acciones propias del conflicto
armado
• Apalancamiento
– Agresión GAI a multinacionales y comunidades tenía móviles
justificados en actividad minera
• Normas inoperantes o no claras dificultan relaciones
multinacionales-comunidades
– Incertidumbre, fuente de desorden
– Pocas normas de definición de roles y responsabilidades
• Mitigación
–
–
–
–
–
Asunto tierras
Publicidad en la Información
Normas formales precisas; roles mejor definidos
Institucionalidad Local
Fortalecimiento sociedad civil
Conclusiones preliminares
• La presencia y actividad de los agentes violentos
en zonas mineras tiene su origen en procesos de
escalamiento de violencia en los cuales bandos
distintos buscan acumular los medios necesarios
para destruir o subordinar a sus rivales.
• Tanto población civil como actividades
económicas, entre ellas la minería, están
expuestas a la depredación de activos y rentas,
debido principalmente a las deficiencias de las
agencias institucionales responsables de su
protección.
• Otros incentivos permanentes para la
depredación sostenida de activos y rentas por
parte de los agentes violentos incluyen:
o la carencia de claridad en los derechos de propiedad;
o la posibilidad de coaccionar mediante la violencia o,
incluso, de capturar a las agencias institucionales a cargo
de regular las disputas sobre propiedades y rentas.
Conclusiones
• Las actividades extractivas no son el factor principal
generador de la violencia colectiva en ninguno de los dos
casos estudiados en esta investigación.
• La deficiencia de las instituciones y reglas que gobiernan los
escenarios donde interactúan actividades extractivas y
violencia colectiva ligada a grupos armados ilegales, el factor
primordial de la violencia observada
• Los actores armados cambian y ajustan sus objetivos
estratégicos y tácticos en presencia de la actividad minera,
para maximizar beneficios mediante mecanismos de
depredación de activos y de rentas
• Las empresas formales con alta capacidad organizacional y
técnica tiene la capacidad mitigar efectos depredadores de
grupos armado ilegales, pero no así para las unidades de
producción, mineras y en otros ramos de actividad
económica.
Prevenir condiciones de expansión y
consolidación de grupos armados ilegales
(GAI)
¿Zonas de exclusión minera donde haya GAI?
Polo opuesto: estudios de impacto social y ambiental que ignoran
efectos causados por GAI en zonas mineras:
o
o
o
violaciones de derechos humanos,
desplazamientos forzados
despojo de tierras
Conflicto de intereses de consultores contratados para la
elaboración de estudios de impacto ambiental:
o
Cuánto menos impactos serios identifiquen mayor probabilidad de ser
contratados
Recomendaciones
•
•
Integrar paneles de expertos sociales y ambientales
independientes para asesorar la selección de las propuestas de
EIAS, asegurando que consideren impactos asociados a
presencia de GAI en comunidades locales.
Observar los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos
Humanos como lineamientos que orientan la gestión de la
seguridad de sus operaciones dentro de un marco que asegura
el respeto por los derechos humanos y las libertades públicas.
Ronda Colombia 2012:
Bloques Tipo 3
• Promedio patrimonio neto últimos
3 años por área: US $ 200 millones
• Capacidad técnica y operacional:
o Reservas BPe 50.000.000
o Producción Bped: 20.000
“Cuánto más profundo en la
periferia esté localizado un bloque
de exploración, mayor debe ser la
empresa. En este caso, el tamaño
se utiliza como indicador (“proxy”)
de sus normas de seguridad y los
umbrales de riesgo. Así se evita
que las empresas pequeñas,
susceptibles de ser atacadas y
expulsadas, inviertan en la
periferia y se controla el impacto
de las relaciones públicas
negativas que tales incidentes
traen para la industria en su
conjunto.”
"Attacks on Colombia's Energy
Infrastructure", Stratfor, August 13, 2012
Robustecer funciones de control mandatorio
de la actividad extractiva
La pasividad de agencias públicas ante infracciones de empresas y
corrupción de administraciones locales crea oportunidades para el
fortalecimiento de grupos armados ilegales.
Dudas sobre la viabilidad de los arreglos basados en la “auto-regulación
voluntaria” para alcanzar resultados de desempeño social y ambiental
esperados.
Recomendaciones
Regulaciones mandatorias monitoreadas por terceros, cuyo cumplimiento
se asegure mediante sanciones administrativas a las infracciones:
o
Mecanismos de aseguramiento y bonos de desempeño diseñados para fomentar el
cumplimiento de obligaciones contractuales por empresas mineras
o
Interventorías independientes que reporten desempeño y cumplimiento de obligaciones
ante agencias públicas, comunidades, aseguradoras y agencias de calificación crediticia.
o
Destinar recursos del SNR para fiscalización de exploración y explotación de yacimientos
al fortalecimiento de esa función en alcaldías, gobernaciones y CARs
o
Endurecimiento de sanciones para infracciones que causen daños ambientales, a la salud
pública, incumplimiento inversión social y apoyo al terrorismo.
o
Especificar obligaciones de proyectos mineros de articulación a POT y PDT. Incluyendo
armonización con normatividad del uso del suelo
Consolidar gobernabilidad local, fortalecer
organizaciones y movimientos sociales, y
legitimar institucionalidad pública
La condición de actividad de utilidad pública de la industria extractiva
crea una situación de asimetría entre dueños del proyecto y
comunidades.
La actividad de fiscalizadora de la ciudadanía sobre cumplimiento de
funciones púbicas por servidores públicos es la base de la legitimidad
institucional y gobernabilidad de autoridades públicas
El objetivo de los mecanismos de participación y control social de
actividades extractivas es asegurar que población afectada fortalezca
sus organizaciones y movimientos sociales
Recomendaciones:
• Garantizar la participación significativa de comunidades impactadas por
proyectos mineros en la elaboración de EIAS.
• Mesas de diálogo permanente a nivel territorial, apoyadas por Defensoría del
Pueblo y delegados del Ministerio Público en torno a:
– reclamaciones por impactos sociales y ambientales que permanecen sin ser controlados
– condiciones para viabilizar consultas previas como mecanismo de participación legítimo
Consolidar gobernabilidad local, fortalecer
organizaciones y movimientos sociales, y
legitimar institucionalidad pública
Apoyo a veedurías ciudadanas a cargo del seguimiento de
convenios, protocolos y procesos organizacionales establecidos
por empresas mineras para mitigación y seguimiento de
impactos
Direccionamiento de programas de RSE hacia el fortalecimiento
de liderazgos comunitarios
Apoyo a la Ley Estatutaria de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y al establecimiento de una plataforma para
dar publicidad acerca de los proyectos mineros, sus beneficios,
impactos sociales y ambientales y seguimiento del desempeño
de las medidas establecidas para su control y mitigación,
implementación del Plan de Acción de Gobierno Abierto para
Colombia, dentro del cual se propone la implementación hacia
comienzos de 2013 de la iniciativa EITI (Iniciativa de
Transparencia en las Industrias Extractivas).
VIOLENCIA COLECTIVA Y MINERÍA EN
COLOMBIA:
HALLAZGOS PRELIMINARES A PARTIR DE DOS
ESTUDIOS DE CASO
Convenio de Cooperación 20129053 COL
Corporación Nuevo Arco Iris – Fundación Avina Colombia
Elaborado por:
Bernardo PÉREZ – Coordinador (CNAI)
Fabio VELÁSQUEZ – (Foro Nacional por Colombia)
Juan Carlos LOZANO (Azaí Consultores)
Angélica ARIAS – CNAI
Stefanía LÓPEZ – CNAI
John ANZOLA – Foro Nacional por Colombia
Abraham HIDALGO – Azaí Consultores
Daniel GUZMÁN – Azaí Consultores
Cindy GARCÍA – Azaí Consultores

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