LOC_Camaras_01

Report
Ley Orgánica de Comunicación
Un caballo de Troya
para el periodismo ecuatoriano
… Y para la democracia
ecuatoriana
La prensa independiente como objetivo político
Instrumento de control: Ley Orgánica de Comunicación




Cerco ideológico
Cerco económico
Cerco jurídico
Estrategias comunicacionales
de consolidación y ataque
Objetivo macro:
Objetivos estratégicos:
Socialismo siglo XXI
Control absoluto del poder
Reforma estructural del Estado
Control electoral
Control de la información
Estrategia 1
Neutralizar y anular a
la prensa independiente
Acoso legal
Acoso económico
Contrainformación
Estrategia 2
Construir un poder
mediático paralelo
Medios públicos
Medios aliados
Redist. Frecuencias
Estrategia 3
Propaganda agresiva
Sustitución de información
por propaganda
Campañas permanentes
Estrategia 4
Publicidad
Reparto discrecional
Chantaje publicitario
Empresas vinculadas
Estrategia del cangrejo
Fases de desarrollo legislativo de la LOC




Acuerdo ético político 17 de diciembre 2009
Primer debate 5 de enero del 2010
Segundo debate 1 de julio del 2010
Informe complementario 27 de Julio del 2011,
Las preguntas 3 y 9 de la consulta popular reformaron la CR,
contraviniendo los arts.441, 442 y 443 de la misma.
Resultados
Informe segundo debate: 127 Arts., 16 dispo. transitorias, 1 drg.
Informe complementario: 21 Arts., 1 disposición transitoria
Compromiso ético político
Cerco económico
Art. 20 del Informe complementario:
PROPIEDAD
CONTROL
- 10% paquete accionario
- Tengan posición dominante
- Conformen unid. interés económico
- Otros tipos propiedad indirecta
- Directores principales y suplentes
- Cónyuges, convivientes
Parientes 4to consanguinidad
y 2do afinidad
PROPIE
DAD
CON
TROL
sancio
nes
-
Consejo Regulacion Comun.
Super Compañias
SuperTelecomunicaciones
Super Bancos
y otros (SRI; IESS; MINIsterios,
Super Poder de Mercado)
PRESION SOBRE LA
LIBERTAD DE
EXPRESIÒN
AUTOCENSURA
SANCIONES
Suspensión de derechos políticos y económicos
de directores y administradores
Venta en pública subasta
El ejercicio periodístico frente a la
Ley Orgánica de Comunicación
1.
2.
3.
4.
5.
Normas deontológicas o cerco ideológico?
Regulación inconstitucional de contenidos
Responsabilidad ulterior
Consejo de comunicación o inquisición?
Marco legal punitivo para el ejercicio de la
libertad de expresión.
Cerco ideológico
basado en conceptos jurídicos indeterminados y discursivos

MARGEN DE DISCRECIONALIDAD AMPLIO

CONTRADICCIONES Y AMBIGUEDADES SIGNIFICATIVAS

RESTRICCIONES PREVIAS (Abstenerse, evitar, impedir, no aceptar, inhibirse, cuidar)

CONTRADICEN LA PROHIBICIÓN DE CENSURA PREVIA. (Art. 19 CR y 18 CDH, 17, 18
y 19 del proyecto LOC)
Impone una mordaza ideológica, bajo un manto
aparentemente democrático
1.
Principios deontológicos como norma positiva:
se les asigna consecuencias jurídicas
Referidos a la dignidad humana
A los grupos de atención prioritaria
Al ejercicio profesional
A la práctica de los medios de comunicación
Art. 9. Los MC públicos, privados y comunitarios deben expedir por sí mismos códigos
deontológicos conforme los principios del Art. 10. Estas normas no pueden suplir la ley.
Art. 10. Algunos principios concernientes al ejercicio profesional:
• Rectificar opiniones e informaciones que se hayan demostrado como falsas.
• Titulares coherentes y consistentes con el contenido de las noticias
• Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones
• No difundir positiva o avalorativamente conductas irresponsables con el Medio Ambiente
• Abstenerse de difundir opiniones de descrédito, menosprecio, humillación a colectivos
racial, étnicos, sexual, religioso, clase social, posición política.
• Abstenerse de injuriar, calumniar, difamar, mediante acusaciones infundadas
Normas éticas convertidas en ley
su cumplimiento es jurídicamente exigible:
Art. 10
a) Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, contextualización y
contrastación en la difusión de información de relevancia pública o interés general.
b) Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la información u opiniones difundidas.
c) Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos, y difundirla.
d) Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, catástrofes o similares.
e) Reconocer a las personas naturales y jurídicas del sector privado su derecho a no proporcionar
información ni responder preguntas, si así lo deciden.
f) Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia;
g) Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de quien pretenda realizarla.
h) No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor periodística.
i) Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto profesional.
Art. 10. EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DEONTOLÓGICOS
PODRÁ SER DENUNCIADO POR CUALQUIER CIUDADANO U ORGANIZACIÓN
Art. 37. Participación ciudadana.- La ciudadanía tiene el derecho de
organizarse libremente en audiencias públicas, veedurías, asambleas,
cabildos populares, consejos consultivos, observatorios u otras formas
organizativas, a fin de incidir en la gestión de los medios públicos y
vigilar el pleno cumplimiento de los derechos a la comunicación, así
como el desempeño de los medios públicos, privados y
comunitarios con arreglo a las normas previstas en la Ley de Control
Social y Participación Ciudadana.
Un código deontológico es un código de conducta
Los Códigos Deontológicos son pactos emanados de la autonomía de la
voluntad privada individual y colectiva, en el ámbito de los colegios
profesionales, para promover la dignidad de la profesión.
No son normas encuadradas como fuente de derecho reconocida por la
Constitución o el Código Civil
Su fuente son las normas éticas, que por su naturaleza no son unívocas porque
se fundamentan en una tabla de valores y reflejan el espectro ideológico del
conjunto social, su esencia es el pluralismo.
La libertad ideológica e incluso la prohibición constitucional de declarar contra
las creencias propias no pueden compaginarse con órganos depuradores de
actuaciones calificadas desde perspectivas éticas y morales.
2. Regulación de contenidos




Definiciones operatorias
Tipología de contenidos
Criterios de clasificación
Sanciones por infracciones
Regulación de contenidos: definiciones operatorias
Art. 3.- Contenido comunicacional.- Todo tipo de información u opinión que se produzca,
reciba, difunda, intercambie a través de los MCS. ¿Se incluyen redes sociales ?
Art. 4.- Medios de comunicación social.- Empresas y organizaciones públicas, privadas o
comunitarias que prestan el servicio público de comunicación masiva usando cualquier
plataforma tecnológica.
Art. 5. Medios nacionales.- Cobertura 25% o más de la población nacional (3’500.000 h)
o en10 provincias; impresos que emitan en el año inmediato anterior ejemplares iguales o
superior al 0,50 % de la población nacional (75.000 )
6. Plataforma tecnológica.- Sistema informático y la infraestructura tecnológica que usan
los MC para generar y difundir su señal de audio, vídeo y/o sus publicaciones.
Art. 7. Información de relevancia pública o de interés general.- Es la difundida a través de los MC
acerca de los asuntos públicos y de interés general. La información o contenidos considerados de
entretenimiento difundidos a través de los MC adquieren la condición de información de relevancia
pública cuando violen el derecho a la honra u otros derechos constitucionales.
Art. 8. Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de comunicación generalistas
difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en forma prevalente.
El subjetivismo como parámetro legal
Art. 11. Principio de no discriminación.- Se prohíbe la discriminación de cualquier
índole.
Art. 64 CONTENIDO DISCRIMINATORIO.- Se entenderá por contenido discriminatorio
todo mensaje que se difunda por cualquier medio de comunicación social, que
denote distinción, exclusión o restricción basada en razones de etnia, lugar de
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma,
religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica,
condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad
o diferencia física y otras que tenga (sic) por objeto o resultado menoscabar o anular
el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, o que
incite a la realización de actos discriminatorios (o hagan apología de la
discriminación).
El criterio de “discriminación”
¿un ejercicio periodístico imposible?
Art. 65. Prohibición: Está prohibida la difusión de contenidos discriminatorios que tengan por objeto o
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos
reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales.
Se prohíbe también la difusión de mensajes a través de los medios de comunicación que constituyan
apología de la discriminación e incitación a la realización de prácticas o actos violentos basados en
algún tipo de mensaje discriminatorio.
Art. 66 Criterios de clasificación de contenido discriminatorio: El CRDC mediante resolución motivada
debe establecer la concurrencia de estas condiciones: (Art. 75 CR, n7, l)
1.
2.
3.
Que denote algún tipo concreto de distinción, exclusión o restricción
Que esté basada en una o varias de las razones establecidas en el Art. 64
Que tal distinción … tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento o goce de
los derechos humanos garantizados en la CR o instrumentos internacionales, o que los contenidos
difundidos constituyan apología de la discriminación, o inciten a prácticas o actos violentos basados
en algún tipo de discriminación.
Cómo se califica la violencia
“legítima” e ilegítima
Art. 69 Contenido violento.- Es aquel que denote el uso intencional de la fuerza
física o psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra
persona, grupo o comunidad, o en contra de los seres vivos y la naturaleza.
Estos contenidos sólo pueden difundirse en franjas de responsabilidad compartida
y de adultos (18h00 a 22h00)
Art. 70.- Se Prohíbe la difusión a través de los MC de todo mensaje que constituya
incitación directa o estímulo expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión
de cualquier acto ilegal, la trata de personas, la explotación, el abuso sexual,
apología de la guerra y del odio nacional, racial o religioso.
El incumplimiento se sancionará con 1 a 5 RBU por cada ocasión, sin perjuicio de
que el autor responda judicialmente por la comisión de delitos, daños causados
y reparación integral.
EXISTE CONFUSIÓN Y CONTRADICCIÓN SOBRE
EL ALCANCE JURÍDICO DE VARIOS TÉRMINOS:
La comunicación social ¿es un servicio público o un
servicio de interés general con responsabilidad social?
La respuesta a esta pregunta define el ámbito,
jurisdicción y competencia para regular a
los diferentes actores de la comunicación social.
La LOC se refiere reiteradamente a los actores de la
comunicación como “administrados”
¿La libertad de expresión es un “servicio público” cuya potestad de
administrarla radica en el Estado, o un derecho humano que posee el
hombre con anterioridad al surgimiento de las comunidades políticas?
La LOC se contradice consigo misma al regular contenidos:
Derechos de libertad, SECCIÓN I
Art. 18.Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas tienen derecho a
expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio. Serán
responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley.
Art. 19 Prohibición de censura previa por autoridades o funcionarios públicos.- Queda
prohibida la censura previa, esto es, la revisión, aprobación o desaprobación, por parte
de una autoridad o funcionario público, de los contenidos previo a su difusión a través de
cualquier medio de comunicación.
Las autoridades o funcionarios públicos que realicen censura previa o ejecuten actos
conducentes a realizarla de manera indirecta, serán sancionados adm. por el CR y DC
con una multa de dos a seis meses de su remuneración total, sin perjuicio de que la
autoridad o el funcionario responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los
daños causados y por su reparación integral.
Art. 20. Protección contra la censura previa de los medios de comunicación.-Se entenderá
por censura previa de los medios de comunicación social la suspensión de la publicación
de un artículo previamente establecido, o la cancelación injustificada de la emisión de un
programa previsto en la programación regular de los medios audiovisuales.
3. RESPONSABILIDAD ULTERIOR
Art. 18 CR, 24. LOC: Toda persona tiene derecho a recibir información de
relevancia pública
veraz,
verificada,
contrastada,
contextualizada
plural
y oportuna.
Responsabilidad ulterior:
LOC confirma la autoría coadyuvante
Art. 21 Obligación de asumir las consecuencias administrativas, (civiles y penales)
posteriores a difundir, a través de los medios de comunicación, todo tipo de
contenido que lesione los DDHH y la seguridad pública del Estado, de acuerdo a lo
que establece la CR y la ley.
Art. 22. Responsabilidad ulterior de los MC.- civil y administrativa, cuando los contenidos
sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a
otra persona.
Generar mecanismos de identificación de usuarios en la web
Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la publicación, y
permitan la denuncia y eliminación de contenidos que lesionen derechos Constitución y la
ley.
Art. 23. Responsabilidad solidaria.- El MC, propietarios, accionistas, directivos y representantes
legales serán solidariamente responsables por las indemnizaciones y compensacionesdecarácter
civil a que haya lugar por incumplir su obligación de realizar las rectificaciones o impedir a los
afectados el ejercicio de los derechos de réplica y de respuesta ordenados por el CR y DC,
previo el debido proceso …
Derecho a la Rectificación y Réplica



Rectificación: enmendar una información errónea, delimitar con exactitud un hecho.
Réplica: Argumento con que e impugna otro, refutación, contradicción de un discurso
o de lo que otro dice; fija los puntos litigiosos.
Respuesta: Contestación a una pregunta, duda, dificultad.
Convención Americana DDHH: Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta
1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio
a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en
general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o
respuesta en las condiciones que establezca la ley.
2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales
en que se hubiese incurrido.
3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa
periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que
no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.
Estándar internacional sobre
responsabilidad ulterior

«La única intervención autorizada por el artículo 13 de la
Convención es la imposición de la responsabilidad ulterior
(…) cualquier restricción a los derechos y garantías
contenidas en el mismo (derecho a la libertad de expresión)
debe efectuarse mediante la imposición de la responsabilidad
ulterior. El ejercicio abusivo de la libertad de expresión no
puede estar sujeto a ningún otro tipo de limitación».
Informe complementario LOC, citando a la CIDH
Cerco jurídico
Ley punitiva
Acumulación de sanciones administrativas,
civiles y penales:
Económicas
Aflictivas o infamantes,
Suspensión, retiro de frecuencias
El órgano juzgador
Consejo de Regulación y D Comunicación




Dos por el Ejecutivo.
Uno de los Consejos Nacionales de Igualdad.
Uno por las F. y Escuelas de CS de las universidades públicas y privadas
Tres por la ciudadanía
(salen GADS y ONGs)
Art. 49: Requisitos: …1) Tener nacionalidad ecuatoriana o ser extranjero
legalmente residente en el Ecuador
Art. 47. Atribuciones del CR y DC

Elaborar el proyecto de reglamento general de esta ley y ponerlo a
consideración del Presidente de la República.
Atribuciones condenatorias
Art. 47:

Elaborar el Informe vinculante para la adjudicación de frecuencias

Iniciar de oficio y resolver en el ámbito administrativo reclamos por violación a los
derechos de la comunicación

Remitir a la Fiscalía la información que llegue a su conocimiento en relación a la
violación de derechos que evidencien la comisión de delitos de acción pública.

Examinar y pronunciarse sobre los resultados de las veedurías ciudadanas sobre
desempeño de las instituciones, organizaciones, empresas y medios públicos,
comunitarios y privados.
Art. 63. Caducidad y prescripción.- Las acciones para iniciar el procedimiento
administrativo caducarán en ciento ochenta días a partir de la fecha de comisión
de la presunta infracción contemplada en esta ley. La potestad para sancionar
las infracciones prescribirá en tres años a partir de inicio del procedimiento.
Procedimientos administrativos sumarios
que violan los principios de legalidad, reserva de ley, tipicidad
Art. 60. Los procedimientos administrativos para reclamos, solicitudes, protección de
oficio, o exigir a los administrados él cumplimiento de la ley se establecerán en el
Reglamento que emitirá el CRDC. (no hay reserva de ley)
Art. 62.- Las resoluciones del CR y DC son vinculantes. deben acatarse en los plazos de
ley, salvo que los administrados inicien en la J Contenciosa Administrativa acciones
legales que consideren pertinentes.
Además de las sanciones establecidas en la ley, el CR y DC podrá realizar
comunicaciones y amonestaciones escritas a los administrados para llamar su atención
sobre prácticas que deben ser mejoradas o corregidas porque ponen o pueden poner
en riesgo el ejercicio de los derechos a la comunicación. ( cláusula abierta).
Art. 72. Suspensión de publicidad y programas.- De considerarlo necesario, sin perjuicio
de las sanciones administrativas el CR y DC podrá disponer, mediante resolución
fundamentada la suspensión inmediata de la difusión de la publicidad engañosa, así
como de aquella publicidad o programas que contengan contenidos discriminatorios,
incitación directa al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal,
la trata de personas, la explotación, el abuso sexual, la apología de la guerra y del odio
nacional, racial o religioso. (Art. 76 CR, n3)
Art. 76,n3 Constitución de la República:
“Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión
que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como
infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se
aplicará una sanción no prevista por la Constitución y la ley.
Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad
competente y con observancia del trámite propio de cada
procedimiento
Sanciones inconstitucionales,
desproporcionadas y confiscatorias

Nuestro ordenamiento jurídico tiene procedimientos legales ordinarios para sancionar
las conductas ilegales cometidas por o en los MCS, que incluyen el debido proceso.
Sin embargo se establecen procedimientos ad hoc, exclusivos para periodistas,
articulistas de opinión, medios y sus personeros. CR Art. 76, 7, k “Nadie será juzgado
por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto”

El proyecto acude constantemente a las penas aflictivas e infamantes para “promover
buenas prácticas” periodísticas.

Las responsabilidades civiles, penales y laborales están tipificadas en torno al ejercicio
periodístico, pero en LOC recurrentemente se busca el conflicto.

La acumulación de juzgamientos y penas en el ámbito administrativo, civil y penal;
multas en progresión geométrica, indemnizaciones por daños y perjuicios, son
sanciones claramente desproporcionadas destinadas a intimidar y/o quebrar
económicamente a periodistas, empresarios y medios de comunicación.

Se utilizan cargas de excepción y discriminatorias para la prensa privada, como la
obligatoriedad de tomar seguros para los trabajadores de la prensa, no así para los
comunicadores del sector público.
El desacato
vestigio de un estado autoritario
Proyecto de Código Penal Integral (proyecto del Ejecutivo)

Artículo 121. Imputación calumniosa a la autoridad.- Serán reprimidos con pena
privativa de libertad de uno a tres años y multa de una a diez remuneraciones básicas
unificadas del trabajador privado en general, los que hubieren dirigido a la autoridad
imputaciones que constituyan injuria calumniosa.
Si las imputaciones hechas a la autoridad constituyeren injurias no calumniosas,
pero graves, las penas privativas de libertad serán de seis meses a dos años y multa de
una a diez remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general.
Es la versión del actual delito de desacato (Art. 230CP) “mejorada” en su redacción
(¿a qué autoridad se refiere?
Más restricciones y castigos …
en el proyecto del CPO
Artículo 126. Injurias publicadas en el extranjero.- Las injurias, calumniosas o no, publicadas en órganos
de publicidad del extranjero, podrán ser perseguidas contra las personas que hubieren enviado los
artículos o la orden de insertarlos, o contribuido a la introducción o a la distribución de tales
órganos en el Ecuador.
Art{iculo 127. Reproducción de publicaciones injuriosas.- Son también responsables de injurias, en
cualquiera de sus clases, los reproductores de artículos, imágenes o emblemas injuriosos, sin que
en este caso, ni en el del artículo anterior, pueda alegarse como causa de justificación o excusa que
dichos artículos, imágenes o emblemas no son otra cosa que la reproducción de publicaciones hechas
en el Ecuador o en el extranjero.
(No se pueden hacer referencias a prensa o fuentes externas que incomoden al poder)
Artículo 132. Revelación de secreto.- El que teniendo noticia por razón de su estado u oficio, empleo,
profesión o arte, de un secreto cuya divulgación puede causar daño y lo revelare sin justa causa,
será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a un año.
(No se castiga al infractor sino al periodista)
Delitos de discriminación
Artículo 163.- Discriminación.- La persona que propague, practique o incite a toda
distinción, restricción, exclusión o preferencia, basada en motivos de odio, para
anular o menoscabar el reconocimiento, goce ejercicio de derechos en condiciones
de igualdad, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
 Si la infracción puntualizadas en este artículo fueren ordenadas o ejecutadas por
funcionarios o empleados públicos, la pena privativa de libertad será de tres a
cinco años.
Artículo 165.- Negación de un servicio o prestación a que se tenga derecho.- La
persona que en ejercicio de sus actividades profesionales, mercantiles o
empresariales, niegue a una persona un servicio o una prestación a la que
tenga derecho, o excluya a una persona o niegue o vulnere o restrinja los
derechos consagrados en la Constitución, por motivos de discriminación será
sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.
CPI Derechos de participación
Artículo 323.- Acoso político.- Las y los ciudadanos o las y los servidores
públicos que realicen acciones sistemáticas de presión, hostigamiento,
amenazas o cualquier acto de fuerza contra una persona, que tengan por
objeto restringir o impedir su acceso a puestos de elección popular; o que
siendo autoridad de elección popular, tengan como fin obstruir el
cumplimiento de sus funciones o forzar la renuncia a su cargo, serán
sancionadas con pena privativa de libertad de uno a tres meses y multa de
veinte a cincuenta salarios básicos unificados, considerando la gravedad
del delito y la inhabilitación para desempeñar un cargo público por el tiempo
que dure la condena. Sin perjuicio del juzgamiento de delito electoral, se
podrán iniciar las acciones civiles o administrativas a que hubiere lugar.
Artículo 345.- Apología del delito.- La persona que por cualquier medio haga
apología del delito, o de una persona sentenciada por un delito, por razón
del acto realizado, será sancionado con pena privativa de libertad de quince
días a tres meses y multa de tres salarios básicos unificados del trabajador
en general.
Censura y suspensión inconstitucional
de la libertad de información
Art. 80 LOC. Suspensión de la libertad de información.- La o el Presidente de la República,
en uso de sus atribuciones constitucionales, puede disponer la suspensión del derecho a
la libertad de información y la censura previa de los medios de comunicación una vez
que se haya declarado estado de excepción (urbi et orbi) en todo o parte del territorio N.
Art. 165 CR. Numeral 4 dice:
El presidente únicamente podrá disponer censura previa en los MCS con estricta
relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado
La legitimidad y legalidad de esta medida requiere que se cumplan las siguientes condiciones:




Que el estado de excepción se haya declarado previamente.
Que se verifique la aplicación de los principios, condiciones y alcances que debe satisfacer
la declaratoria del estado de excepción, según el Art. 164 de la Constitución.
Que se verifique el cumplimiento adecuado del procedimiento establecido en el Art. 166 de
la Constitución para declarar el estado de excepción.
Que se fundamente por escrito y desde los parámetros del Estado de Derecho la necesidad
y la finalidad de disponer el estado de excepción.
Conclusiones

Un texto legal debe redactarse de forma específica, clara y taxativa, para su
observancia y aplicación con la debida seguridad jurídica.

La LOC no establece con claridad las eventuales conductas tipificadas como
infracción, ya que dependen de criterios subjetivos imposibles de interpretación
unívoca.

Existe confusión y contradicción sobre el alcance jurídico de varios términos,
restando eficacia operatoria a la norma para su aplicación.

El juzgador (Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación) tendrá
márgenes apreciables de discrecionalidad para sus acciones y la potestad de
“definir” sanciones en casos e hipótesis no contemplados en la ley, lo cual es
inconstitucional, ilegal y arbitrario.

Aunque la retórica tiene una apariencia democrática, el proyecto es más sutil y
elaboradamente punitivo que las versiones anteriores. Es una verdadera trampa
ideológica y sin duda será pernicioso para el trabajo periodístico, la libertad de
expresión y la democracia en el país.
….Por un Estado de Derecho
y no de opinión?
Informe complementario LOC

«La opinión pública es el contenido que proporciona
substancia y operatividad a la soberanía popular».

«La LOC debe garantizar una libertad de expresión sin
ataduras innecesarias y una opinión pública recia como
fundamento de una comunidad verdaderamente democrática»

«El ejercicio de los derechos consagrados en el Art.61 (CR)
exige un ciudadano bien informado, con acceso a
información diferenciada y confiable»
Más contradicciones

«…Es preciso distinguir entre opiniones y noticias de relevancia
pública. En efecto, las opiniones expresan el parecer de una
persona o grupo de personas sobre cualquier asunto o persona y no
generan ningún tipo de consecuencia jurídica, aunque tales
opiniones sean, según ha señalado la Relatoría de Expresión de la
CIDH, chocantes, perturbadoras u ofensivas»….en consecuencia la
LOC no podrá oponerse a ninguna norma constitucional y deberá
respetar el catálogo abierto de los derechos humanos…»
Informe complementario LOC
"Nada contribuye más a la estabilidad y firmeza
de una república, como organizarla de suerte
que las opiniones que agitan los ánimos
tengan vías legales de manifestación".
Maquiavelo
Doctrina de la real malicia
The New York Times vs Sullivan
"Una democracia representativa deja de existir en el momento
en que se absuelve, por cualquier medio, a los funcionarios
públicos de la responsabilidad frente a sus mandantes, y esto
sucede cada vez que puede impedirse a dichos mandantes
pronunciar, escribir o publicar sus opiniones sobre cualquier
medida pública o sobre la conducta de quienes la aconsejan
o ejecutan.“
Prohibido olvidar

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