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Report
Alcances penales de la Reforma
procesal penal
Eduardo Alcócer Povis
11.FEB.14
Introducción
Desde la puesta en vigencia del CPP 2004, somos testigos de numerosas
críticas (personales, sectoriales e institucionales) que ponen en cuestión su
capacidad para lograr investigaciones y juzgamientos más transparentes,
eficaces y respetuosos de los derechos del ciudadano.
O Las críticas más encendidas tienen que ver con la supuesta incapacidad del
CPP para enfrentar el fenómeno criminal y reducir las tasas de delincuencia e
inseguridad ciudadana.
O Se aduce, por ejemplo, que se trata de un Código pro delincuente, de un
sistema ineficiente, y, en general, de una reforma que más allá de la celeridad
de algunas decisiones, vendría generando el incremento de la inseguridad
ciudadana.
O De otro lado, desde el plano de institucional, se critica el exceso de carga
procesal (Fiscalía) y las deficiencias en los dictámenes fiscales que conllevan,
algunas veces, al sobreseimiento de los procesos o a una condena injusta
(Jueces).
O
¿Los problemas /
deficiencias / obstáculos
para la seguridad
ciudadana son
atribuibles a la reforma
procesal penal?
Dos nociones básicas en la reforma procesal
penal
Delimitación de
roles
Información de
calidad para la
toma de decisiones
a) Antes de la vigencia del CPP  yuxtaposición de etapas y la confusión de los
roles asignados a cada operador.
a) El delito era investigado por el Policía, luego por el Ministerio Público y
finalmente por el juzgador, e incluso por Tribunal.
a) Con relación a la seguridad ciudadana podemos preguntarnos, ¿existe una
política de seguridad identificable o simplemente, un reparto de culpas y de
falsas responsabilidades?
b) Así como para la reforma procesal penal es de suma importancia la
determinación de los roles y funciones, en la política de seguridad ciudadana,
debería quedar claro quién es responsable de qué.
Información de Calidad
a) CPP: Oralidad – Audiencias y control de la información para la
adopción de decisiones de calidad
b) ¿Qué mejor información que aquella que es sometida al escrutinio
de las partes y del público?
a) Esta pretensión de calidad aún no se hace extensiva a las estadísticas
que cada operador o institución del sistema penal maneja.
b) En general, la información de calidad es una condición necesaria
para la formulación de políticas
c) No existe información de respaldo que sustente las críticas a la
reforma procesal penal desde la perspectiva de la seguridad
ciudadana.
1. Los objetivos de la política de seguridad
ciudadana y los de la reforma procesal penal son
distintos
O El Código procesal penal 2004 no es una herramienta de
prevención de delitos.
O La reforma procesal penal no tiene por finalidad la lucha
contra la criminalidad.
Seguridad ciudadana
• Prevención del delito
• Reducción de la delincuencia
• Control de la violencia
Proceso penal
• Investigación del delito
• Juzgamiento del delito
• Sanción del delito
¿A QUÉ INSTITUCIÓN LE CORRESPONDEN CADA UNA DE ESTAS
FUNCIONES?
2. “El incremento de la inseguridad ciudadana no
tiene relación directa con la vigencia de un nuevo
Código Procesal Penal”
O El problema de la seguridad no tiene que ver con normas,
O
O
O
O
legislación o con penas, sino con el establecimiento de
políticas públicas adecuadas para la prevención de delitos.
El fracaso en los medios de control social informal se
manifiesta en “una débil formación ciudadana” que a su vez,
condiciona la aparición de la violencia.
Es necesario destacar la incidencia de factores estructurales
en la aparición del crimen y la violencia, y en lugar de atribuir
el fenómeno al sistema penal
El problema de la inseguridad ciudadana no es exclusivo de
los distritos judiciales donde se aplica el CPP
Las críticas que vinculan reforma con incremento de
inseguridad ciudadana no cuentan con estudios de respaldo.
La percepción de inseguridad ciudadana no mide el
incremento de la delincuencia
O Sí existe un importante nivel de percepción de
inseguridad ciudadana y el índice de denuncias
también ha aumentado; pero estos datos no
significan necesariamente que la criminalidad se
haya incrementado notoriamente.
Año
Numero de denuncias
1998
191639
2000
168810
2002
161621
2004
165398
2006
153055
2008
151560
2010
181866
Fecha
Sin reforma
Promulgación del Código
Vigencia progresiva CPP
Datos del Mininter
O http://www.interior.gob.es/file/55/55620/55620.pdf
Total nacional
2010
2011
Variación 2010/2011
Infracciones penales
2.297.484
2.283.514
-0,6 %
Tasa de criminalidad
48,9
48,4
-0,5
O El 2011 se habría registrado una ligera disminución en
el índice de criminalidad, lo que interpretado de manera
conjunta con el cuadro previo nos indica que tampoco el
año 2011 habríamos alcanzado la tasa delincuencial
registrada en años en los que no estuvo vigente el CPP
de 2004.
¿Qué podemos concluir a partir de estas
cifras del Mininter?
O A partir de estas nuevas cifras podríamos formular dos
nuevas deducciones:
En los últimos años la percepción de inseguridad
ciudadana ha aumentado notoriamente, pero su
incremento no guarda proporcionalidad con el índice
de criminalidad.
En suma, la inseguridad ciudadana no es un problema
que nace o se agrava con el CPP 2004.
No es responsable sustentar las críticas
a la reforma procesal penal en meras
opiniones o en emociones
3. “Los responsables directos de la seguridad
ciudadana no son los jueces”
O Los jueces contribuyen con la política de seguridad
ciudadana, cuando la declaración de responsabilidad
penal es acertada y cuando la definición de conflicto
penal es más célere; SIN EMBARGO, ambos fines son
consustanciales al ejercicio jurisdiccional.
O Estos fines no convierten a los jueces penales en
responsables directos del incremento de la seguridad
ciudadana.
O Las instituciones responsables de la seguridad
ciudadana son: El Consejo Nacional de Seguridad
Ciudadana – CONASEC, la Policía Nacional del Perú,
los gobiernos regionales y locales.
4. “El presupuesto para la seguridad ciudadana
no es el mismo que el presupuesto para la
reforma procesal penal”
O Si no hay unidad de objetivos, tampoco debería haber
unidad de presupuestos.
O Son partidas distintas
O Los responsables de ejecutar dichos presupuestos
pertenecen a distintos sectores
O No es la falta de recursos lo que impide ejecutar
acciones y políticas concretas.
5. “La prisión preventiva no es una herramienta
de la seguridad ciudadana”
O En la práctica, el derecho a la libertad personal y la garantía de
presunción de inocencia, ceden ante reclamos de la ciudadanía,
especialmente cuando se enarbola la bandera de la seguridad
ciudadana.
O De este modo no se refuerza la seguridad ciudadana, y tampoco la
protección de derechos como la presunción de inocencia. Estas
prácticas debilitan la posición del ciudadano frente al Estado.
O Hay una clara responsabilidad de los medios de comunicación en
la fijación de algunas preconcepciones que no corresponden con
la realidad del sistema penal, ni con el modelo constitucional.
Conclusión preliminar
O La reforma procesal penal, como toda política, supone la
redefinición y asignación de roles y competencias, y como tal
no está exento de críticas.
O El proceso penal tienen funciones concretas relacionadas con
la política de seguridad ciudadana pero no es un mecanismo
de control de la seguridad ciudadana.
O Los operadores del sistema penal contribuyen con
actuaciones eficientes y arregladas a Derecho, pero los
responsables directos pertenecen a otros sectores.
O Es imperativo trazar una política transversal que, sin alterar el
modelo constitucional y los principios del proceso penal,
comprometa a todos los actores en un solo fin: Limitar la
violencia social y reforzar la paz social.
La carga procesal y los defectos
en los dictámenes fiscales
O ¿Cuál es el papel del Derecho Penal en los
procesos de implementación del CPP 2004?
O ¿Tiene el Derecho Penal un papel
secundario?
O ¿Es posible un proceso penal eficiente si un
adecuado manejo de la teoría del delito?
O ¿Qué es la teoría del delito?
¿Qué es la teoría del delito?
Es un instrumento ordenador de criterios y
argumentaciones orientado a definir las
características generales que debe tener una
conducta para ser imputada como un hecho
punible (delito).
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¿Qué es el delito?
O El delito es una conducta típica, antijurídica,
culpable y punible.
O No puede haber delito sin el ejercicio de una
imputación.
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¿Qué es imputar?
Desde el plano semántico, “imputar” significa
atribuir la realización de una conducta
(comisiva u omisiva) a una persona. En otras
palabras, “imputar” es dar sentido o significado
al comportamiento realizado por un sujeto
El valor que se hace de la conducta será
positivo o negativo dependiendo si se infringe o
no la norma impuesta (prohibición, mandato y
permisión).
20
¿En toda etapa del proceso
se realiza una
«imputación»?
O En el art. 329 CPP 2004 se indica que: “El Fiscal inicia
los actos de investigación cuando tenga conocimiento
de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste
caracteres de delito (…)”.
O El art. 94.2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público
establece que “[…] Si el fiscal estima improcedente la
denuncia la rechaza de plano en decisión debidamente
motivada”.
O El Tribunal Constitucional ha mencionado con claridad
que “en el Estado Constitucional de Derecho no existe
un derecho fundamental a que todas las denuncias que
se presenten sean penalmente perseguibles” (STC
10076-2005-PA/TC).
21
O En
caso el Fiscal decida formalizar una
investigación preparatoria, entre otros deberes,
tendrá que señalar “los hechos y la tipificación
específica correspondiente” (art. 336.2 CP
2004).
O En el art. 268.a CPP 2004 se menciona como
uno de sus requisitos que existan “fundados y
graves elementos de convicción para estimar
razonablemente la comisión de un delito que
vincule al imputado como autor o partícipe del
mismo”.
22
O Al acusar, el Fiscal realizará “la relación clara y precisa
del hecho que se atribuye al imputado, con sus
circunstancias
precedentes,
concomitantes
y
posteriores”, asimismo establecerá “la participación
que se atribuya al imputado” (art. 349 incs. b y d del
CPP 2004).
O Al momento de emitir la sentencia, el Juez deberá
realizar una motivación “clara, lógica y completa de
cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por
probadas o improbadas (…)” así como señalar los
“fundamentos de derecho, con precisión de las razones
legales, jurisprudenciales o doctrinales que sirvan para
calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias”
(art. 394 incs. 3 y 4 CPP 2004).
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JURISPRUDENCIA
El 8 de marzo de 2013 se publicó el RN n° 956-2011-Ucayali, en
el que se estableció como criterio vinculante lo siguiente: [para
que una resolución judicial sea válida] “no es suficiente la simple
enunciación de los supuestos de hecho contenidos en las normas
penales; estos deben tener su correlato fáctico concreto,
debidamente diferenciado y limitado respecto de cada uno de los
encausados”. En la misma ejecutoria vinculante, la Corte
Suprema estableció que la consecuencia de la afectación al
principio de imputación necesaria es la declaración de nulidad
del acto procesal: “En el caso de autos no se evidencia labor de
imputación necesaria eficiente, al tratarse de la formulación
genérica de cargos, sin precisiones ni mucho menos una
adecuada subsunción de las conductas incriminadas, lo que
podría implicar la declaración de nulidad”.
Ejemplos de defectos en la
imputación
O Descripción genérica de hechos al formalizar
O
O
O
O
investigaciones preparatorias.
Inadecuada individualización (en delitos
ambientales).
Errónea tipificación: por ejemplo, colusión
desleal sin acuerdo; peculado sin vínculo
funcional con los bienes públicos, proliferación
de imputaciones por asociación para delinquir,
entre otros.
Inadecuado uso de los títulos de imputación.
No validación en momentos iniciales del proceso
de las causas de justificación.
Propuestas de solución
O Capacitación en materia penal en niveles.
O Especialización en los programas de
capacitación según los operadores.
O Iniciación de la capacitación en las
Universidades.
Delito y N° de sentenciados a pena
privativa de libertad efectiva
(2011-2012)
DELITO
N° SENTENCIADOS
Cohecho pasivo propio
3
Enriquecimiento ilícito
2
Cohecho pasivo específico
2
Corrupción pasiva de auxiliares
jurisdiccionales
1
Cohecho pasivo genérico
2
Delito y N° de sentenciados a pena privativa
suspendida
(2011-2012)
DELITO
N° SENTENCIADOS
Peculado
13
Negociación incompatible
10
Cohecho activo genérico
6
Cohecho pasivo propio
5
Colusión
8
Tráfico de influencia
3
DELITO
N° SENTENCIADOS
Cohecho pasivo impropio
2
Enriquecimiento ilícito
2
Peculado de uso
2
Cohecho activo específico
1
Encubrimiento real
1
Concusión
1
Patrocinio ilegal
1
Falsedad genérica
2
Falsedad ideológica
1
Cohecho pasivo específico
2
Omisión de deberes funcionales
1
Estafa
1
Delito N° de sentenciados absueltos
(2011-2012)
DELITO
N° SENTENCIADOS
Colusión
16
Peculado
15
Enriquecimiento ilícito
13
Aprovechamiento indebido de
cargo
5
Falsedad ideológica
5
Falsificación documento privado
4
Negociación incompatible
3
Falsedad genérica
3
Cohecho activo genérico
2
Cohecho pasivo propio
2
Omisión actos funcionales
2
Tráfico de influencias
2
Falsedad material
1
El DP es integral
O DP, DPP y Derecho Constitucional son o
deben ser parte del mismo programa
político criminal de un Estado.

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