anteproyecto de ley del aborto

Report
Carlos Hugo Preciado Domènech
Magistrado Especialista del Orden Social
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
REFORMA ILEGÍTIMA QUE CRIMINALIZA A LAS VÍCTIMAS
DE LA CRISIS
•
1) ILEGÍTIMA: La realidad delincuencial no precisa un incremento global ni de las
conductas a castigar ni de las penas asignadas a dichas conductas. Los datos de
delincuencia y encarcelamiento son elocuentes: tenemos tasas estables y a la baja de
delitos desde hace más de 10 años, pero estamos a la cabeza de Europa Occidental en
número de presos. En este contexto, no se explica una nueva reforma al alza. La
respuesta penal, al afectar a los intereses vitales más importantes de la ciudadanía,
sólo es legítima cuando es necesaria. No es el caso de esta reforma.
•
2) CRIMINALIZA A LAS VÍCTIMAS DE LA CRISIS. Marginación social, criminalidad y
represión carcelaria son realidades vinculadas. La desaparición del Estado de
bienestar generará marginalidad en el corto plazo. La marginalidad será la causa del
incremento de la criminalidad de subsistencia. La represión carcelaria producirá una
marginación adicional y cerrará el círculo. La afirmación de que las cárceles
resocializan es hoy día un mito en un sistema como el nuestro que no destina
suficientes recursos a la Administración Penitenciaria.
ENDURECE LAS PENAS
• 3) ENDURECE EL SISTEMA DE PENAS
inaugura la “prisión
permanente revisable”, otro tipo de cadena perpetua (ya teníamos
otra modalidad, introducida en el año 2003, que permite el
cumplimiento efectivo de 40 años de privación de libertad),
empeora el régimen de las medidas alternativas a la prisión,
desnaturaliza la libertad condicional, permite la expulsión de
extranjeros, ahora también con residencia legal en España, y eleva
de forma generalizada y desproporcionada las penas para los
delitos patrimoniales como el robo o el hurto, al convertir las
faltas en delito. En definitiva, la reforma materializa la sustitución
de la mano izquierda del Estado (educación, salud y asistencia
social) por la mano derecha (policía, sistema de justicia penal y
cárcel), y convierte la respuesta penal no en la última ratio, sino
en la única ratio, con lo que invisibiliza el conflicto social al
redefinirlo en clave penal.
CRIMINALIZA EL EJERCICIO DE DERECHOS
FUNDAMENTALES
•
4) CRIMINALIZA EL EJERCICIO DE DERECHOS FUNDAMENTALES . El orden
público democrático no está constituido por el silencio ni por la
observancia apática de la vida colectiva. Los actos políticos colectivos
constituyen parte de ese orden. La democracia representativa no
puede anular la manifestación directa de la población. Hay que valorar
qué supone mayor sacrificio para una sociedad, si tolerar las
consecuencias de algunos actos colectivos que dificultan puntualmente
la circulación por las vías públicas, o, por el contrario, el silencio de la
población entregando la totalidad del espacio público a unas pocas
personas y criminalizando las manifestaciones de disidencia. La
reforma toma partido por lo segundo. Modifica la regulación de los
delitos contra el orden público con la finalidad de restringir el
ejercicio de esos derechos y de provocar un efecto de desaliento
enquienes los ejercen. Además, al criminalizar el ejercicio de derechos
fundamentales crea un nuevo tipo de delincuente: el disidente
político. Quien se manifiesta frente a la precarización.
AMPLÍA EL AUTORITARISMO
•
•
4) Toda norma penal atribuye poder. A norma penal más amplia, más
poder atribuido. La conversión de las faltas en delitos leves o menos graves
(no es cierto que desaparezcan), dará lugar a que la policía pueda
practicar detenciones y realizar investigaciones sacrificando derechos
fundamentales por hechos de escasa relevancia.
La criminalización de la oposición política permitirá también que, en los
primeros momentos, se puedan practicar detenciones cautelares y
diligencias invasivas de derechos. Es probable que muchos casos terminen
finalmente por resolución judicial de archivo o sentencia absolutoria, pero
dado que una jurisdicción colapsada actúa tardíamente, la propia
existencia del proceso se habrá convertido en verdadera pena para el
sujeto afectado. Además, al elevar las penas generalizadamente, en
algunos casos de forma indefinida, se amplía el poder del Estado sobre los
ciudadanos condenados, que acaban convirtiéndose en objetos del sistema.
La inclusión de la cadena perpetua, la aplicación de las medidas de
seguridad a personas imputables, la posibilidad de aplicar la libertad
vigilada indefinidamente o el alargamiento del plazo para cancelar los
antecedentes penales, son ejemplos claros del nuevo orden proyectado.
AMPLÍA LA IMPUNIDAD PARA LA DELINCUENCIA ECONÓMICA Y LA
CORRUPCIÓN POLÍTICA
• 5) Amplía los espacios de impunidad en el ámbito de la
delincuencia económica y la corrupción política. El sistema
de Justicia se caracteriza por una pobreza de medios y de
recursos materiales y personales incuestionable. Un poder al
que se asigna la función de reprimir la pobreza y la disidencia
política es un poder entrenado para encontrar a los
delincuentes en determinados lugares pero no en otros. Como
consecuencia, se amplían las zonas de impunidad en esos otros
lugares para los que no hay recursos investigadores suficientes,
como la delincuencia económica y la corrupción política. No se
trata de un problema de penas. Nunca lo ha sido. Sino de
recursos y diseño de la investigación penal.
• Otro ejemplo en esta dirección es la propuesta de reforma del
régimen de la responsabilidad penal de las personas jurídicas,
alterando su fundamento para favorecer principalmente a las
grandes empresas.
CARÁCTER POPULISTA
•
•
6) La reforma tiene un carácter marcadamente populista. La caza de
brujas desatada sobre los delincuentes sexuales, que estadísticamente
representan una minoría del total, la reforma del sistema de medidas
de seguridad o el tratamiento de los delitos de homicidio y asesinato
incluyendo agravaciones carentes de justificación son ejemplos de
populismo penal. Ejemplos de la influencia de determinados discursos
creados y transmitidos por medios de comunicación, grupos de presión
y algunos partidos políticos que actúan alimentando el fuego del
populismo para ofrecer más gasolina como solución.
El populismo nutre la distinción entre ciudadano e individuo peligroso,
reservando para el peligroso, cuyas filas son cada vez más numerosas
(al ampliarse la pobreza y la disidencia política), el incremento
ilimitado de las penas de prisión y un severo endurecimiento del
régimen de cumplimiento. Con ello se desprecia un principio clásico
del derecho penal democrático: un sistema de penas no debe ser
diseñado como algo que “nosotros” hacemos para prevenir que “ellos”
cometan delitos, sino como algo que los ciudadanos libres diseñamos
para regular nuestra propia conducta.
PRIVATIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL SISTEMA
PENITENCIARIO
• 7) La reforma sienta las bases de la privatización de la
seguridad y de los Centros Penitenciarios. Su aplicación
provocará el incremento exponencial del círculo de posibles
delincuentes
y eventuales
penados. El
crecimiento
desmesurado de los gastos de seguridad y penitenciarios
provocará la insostenibilidad del sistema, por lo que se apelará
a la privatización como única solución. Muchas son las
empresas del sector las que esperan el momento para
incrementar positivamente sus cuentas de resultados. Y, desde
luego, la resocialización no es un parámetro económicamente
mensurable, por lo que se buscará la reducción del gasto.
Tarde o temprano, como sucede en el antimodelo que pasa a
convertirse en nuestro referente político criminal, Estados
Unidos, se pasará a proyectar la construcción de cárceles en el
subsuelo para ahorrar costes.
Revisión del sistema de penas
•
Introducción de la cadena perpetua (prisión
permanente revisable) en los supuestos de asesinato y
homicidio terrorista
o asesinato, que ya se ha
ampliado a 5 supuestos en el tránsito de anteproyecto
a proyecto
• Revisión del sistema de suspensión y sustitución de
penas de prisión de corta duración, suprimiendo la
sustitución automática y unificación de ambas bajo un
régimen de suspensión más gravoso.
• Introducción de una especie de prisión por deudas: si
el delincuente dificulta la investigación o no aporta
datos sobre sus bienes para cubrir la responsabilidad
civil, no se concederá la suspensión.
Revisión del sistema de penas
• Modificación del delito continuado y del delito medial,
incrementando las penas.
• -Modificación de la libertad condicional:
• a) es una modalidad de suspensión, de forma que el tiempo
en libertad condicional no computa para redención de pena
si se revoca la suspensión, lo cuál puede significar una
vulneración del principio "non bis in ídem" (no dos veces por
lo mismo).
• b) se introduce un nuevo supuesto de libertad condicional
para penados primarios con pena no superior a 3 años que
supone 1 año y medio de cumplimiento en prisión.
• c) libertad condicional para prisión permanente revisable
cumplidos 35 años
Supresión de las Faltas
• - Unas pasan a delito leve ( ej. todas las faltas contra el
patrimonio).
• - Otras se despenalizan: como algunas faltas contra las
personas: muerte, lesiones, etc., que provocará el desamparo
de las víctimas de accidentes de tráfico, que habrán de acudir
a la justicia civil para pleitear con las aseguradoras, asumiendo
el coste de los informes periciales que hasta ahora efectuaba el
forense y las costas procesales.
• Conductas que antes eran falta y no era posible practicar
detenciones (art.495 LECrim) ahora son delitos leves y se
posibilita la detención.
• Problemas de constitucionalidad: instruye quien juzga en el
caso de delitos leves (STC 145/88)
REFORMA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
•
•
- Se regresa al derecho penal de autor y a la ley de peligrosidad social franquista de
1970. Se considera ahora a elementos peligrosos a todos los que sufran de
enfermedades mentales, anomalías, alteraciones psíquicas, alteraciones en la
percepción e intoxicación por drogas, alcohol. El Estado criminaliza a los enfermos
mentales, en lugar de velar por una asistencia sanitaria de calidad, la tutela y cuidado
preventivos y la paliación de su situación de dependencia.
-Ahora las medidas de seguridad se pueden imponer a los delincuentes plenamente
imputables, de forma que la consecuencia del delito ya no es solo la pena. La
peligrosidad asume un rol decisivo en la sanción del delito y de forma desmesurada,
pues las medidas de seguridad privativas de libertad dependen de esa peligrosidad y
pueden ser más gravosas y de mayor duración que la pena imponible al hecho
cometido. Se genera así inseguridad jurídica.
REFORMA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
•
- La ley declara su voluntad de acabar con el sistema monista: que impone
la pena basada en la culpabilidad y la medida de seguridad, basada en la
peligrosidad; ahora ambas consecuencias -pena y medida- pueden
sancionar el delito en casos de imputabilidad plena.
•
En definitiva, se da un paso decisivo que sumerge a España en un Estado
policial, que reconoce o parte del fracaso del tratamiento penitenciario
como medio de reinserción social en las penas privativas de libertad,
apartándose del modelo constitucional que impone el art. 25.2 CE.
•
- Se amplían los supuestos de libertad vigilada, antes limitados a supuestos
de inimputables, semiimputables, delitos contra la libertad e indemnidad
sexuales y de terrorismo y que ahora se extiende a un sin fin de
infracciones, entre otras: homicidio por imprudencia, hurtos, etc.
•
- Se introduce la custodia de seguridad para los supuestos de reiteración de
delitos de especial gravedad, extendiéndose a supuestos indeterminados de
delitos cometidos con violencia o intimidación sobre las personas.
Impunidad de los comportamientos del sector
político y financiero que han generado o agravado la
crisis económica iniciada en 2008
La ciudadanía en general a través de la encuesta del CISS tiene
entre la lista de los principales problemas, tras el paro, la
situación económica y la clase política, la corrupción y el
fraude, que mencionan el 12,2% y sólo el 4% menciona como
problema la seguridad ciudadana.
Esta reforma del CP es tanto o más importante por lo que no
hace que por lo que hace. Tras 4 años de crisis ninguno de los
responsables podrá siquiera temer que la reiteración de su
conducta pueda costarle la imposición de la pena en el futuro.
Todo un ejemplo de lucha contra "la peligrosidad social".
Se acomete una reforma sin previsión de
medios
• La reforma no vendrá acompañada de
ninguna
memoria
económica,
generando incremento de carga de
trabajo
en
unos
juzgados
absolutamente desbordados por la
crisis
QUE PAGUE EL CIUDADANO/A
•
Se carga en los ciudadanos el coste de la
"agilización de la justicia", mediante la imposición a
los mismos de asumir las cargas y los costes de
procesos tan habituales como los derivados de
accidentes de tráfico que ahora se tramitarán por la
vía civil con un aumento desmesurado de costes para
las víctimas y favoreciendo de forma evidente a las
grandes aseguradoras.
• No se puede agilizar la justicia sin un plan de dotación
de medios personales y materiales. Hacer más cara la
justicia no es agilizarla, es convertirla en un lujo para
la mayoría.
PROYECTO DE LEY DE REPRESIÓN
CIUDADANA
• Proyecto represivo del ejercicio de los
derechos fundamentales y libertades
públicas de la ciudadanía, con objeto de
evitar todo conato de oposición ciudadana,
libre y pública a las políticas austericidas
que azotan a las clases sociales más
desfavorecidas.
REFORMA INNECESARIA
• La exposición de motivos justifica la supuesta necesidad
de esta nueva ley, que deroga y sustituye a la anterior LO
1/92 de 21 de febrero (en adelante LSC), en cuatro motivos,
alguno de ellos ciertamente peregrino, que pasamos a
glosar:
• 1) El mero transcurso del tiempo (??)
• 2) los cambios sociales y las nuevas formas de poner en
riesgo la seguridad ciudadana (???)
• 3) las demandas sociales que suponen la imperiosa
necesidad de actualizar el régimen sancionador (?????)
• 4) La necesidad de incorporar la jurisprudencia
constitucional.
Seguridad ciudadana
• la seguridad ciudadana es la condición esencial para el
pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las
libertades públicas, y su salvaguarda, como bien jurídico de
carácter colectivo, es función del Estado, con sujeción a la
Constitución y a las leyes
• La seguridad pública se dirige a la protección de personas y
bienes, y al mantenimiento de la tranquilidad y orden
ciudadnao, incluyendo un conjunto plural de actuaciones
con una finalidad tuitiva de los derechos fundamentales
• (STC 153/05)
ESTRUCTURA DE LA NORMA
• El ANSL se estructura en cinco capítulos, que contienen 55
artículos, de los cuales el Capítulo quinto, dedicado al
régimen sancionador, consta de 26 artículos, siendo así el
más amplio con diferencia de la ley.
• Es, por tanto, una ley esencialmente sancionadora, tanto
cuantitativa como cualitativamente. Además, se aprecia
una notable escalada respecto de la anterior ley, que
contenía 12 muy graves , frente a las 7 del ALSC; 18
infracciones graves, frente a las 31 del ALSC y, finalmente
10 infracciones leves frente a las 19 del ALSC. La ley
contempla, en fin, 4 disposiciones adicionales, una
transitoria, una derogatoria y cuatro finales.
CONTENIDO DE LA NORMA
•
•
•
•
tiene por objeto la seguridad ciudadana como condición esencial para el pleno
ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su salvaguarda,
como bien jurídico de carácter colectivo
Sin embargo, la ley restringe más allá de lo razonable el ejercicio de derechos
fundamentales :derechos de reunión y manifestación, la libertad de expresión, el
derecho de huelga
Desequilibra el uso de las potestades exorbitantes de la administración contra el
ciudadano omite toda norma de garantía del ciudadano frente a la administración,
evitando la identificación de los agentes de los FCS con la peregrina excusa de
garantizar su seguridad, sin exigirles, en ningún pasaje de la ley, que lleven visible un
número identificador cuando actúan en funciones de seguridad ciudadana.
De esta forma se propicia la impunidad de actuaciones policiales en que el uso de la
fuerza (art.5 LO 2/86) sea innecesario y/o desproporcionado, sancionando el uso de
imágenes de los agentes que puedan "poner en peligro su seguridad personal" o "el
éxito de la operación"(art. 36.3 ALSC) lo cuál permitirá, conforme al art.49.1 ALSC
el decomiso de cámaras o móviles utilizados para la captura de tales imágenes,
imposibilitando así toda prueba de dichos excesos.
CONTENIDO DE LA NORMA
•
Desequilibra el uso de las potestades exorbitantes de la
administración contra el ciudadano omite toda norma de garantía del
ciudadano frente a la administración, evitando la identificación de los
agentes de los FCS con la peregrina excusa de garantizar su seguridad,
sin exigirles, en ningún pasaje de la ley, que lleven visible un número
identificador cuando actúan en funciones de seguridad ciudadana.
•
De esta forma se propicia la impunidad de actuaciones policiales en
que el uso de la fuerza (art.5 LO 2/86) sea innecesario y/o
desproporcionado, sancionando el uso de imágenes de los agentes
que puedan "poner en peligro su seguridad personal" o "el éxito de
la operación"(art. 36.3 ALSC) lo cuál permitirá, conforme al art.49.1
ALSC el decomiso de cámaras o móviles utilizados para la captura de
tales imágenes, imposibilitando así toda prueba de dichos excesos.
Características del Anteproyecto
•
-Aumento de las infracciones y agravamiento de las sanciones: casi
se duplica en número de infracciones pasando de 30 a 57 infracciones
tipificadas. Se contienen 36 nuevos tipos de infracciones respecto de
la norma anterior
•
-Desproporción en las sanciones Las sanciones se agravan en su
cuantía y se aumentan los plazos de prescripción de las mismas, siendo
incluso más graves en el caso de las multas que algunas penas
impuestas a las faltas que el NCP pretende destipificar .
•
Además se obvia toda referencia al patrimonio del sancionado como
criterio de graduación de la sanción lo que supone un mayor castigo a
las clases humildes y un acicate a las clases bien estantes para infringir
la seguridad ciudadana, pues proporcionalmente les saldrá más barato.
•
Características del Anteproyecto
• -Huida del control judicial: se evita el control rápido de la
justicia penal con una presunción de inocencia en su más
amplio sentido y se envía al ciudadano sancionado a la
justicia contenciosa, con pago de tasas y mayor demora
resolutiva y con la carga de destruir la presunción de
veracidad de lo declarado por los agentes de la autoridad, lo
que en la práctica supone un enorme desincentivo al
ejercicio de la tutela judicial efectiva. Si bien pudiera
parecer que despenalizar algunas faltas es una buena
opción, desde el principio de la "ultima ratio del derecho
penal", no lo es si la infracción administrativa
correspondiente contiene mayor sanción que la infracción
penal y sin las mismas garantías, como ocurre en múltiples
supuestos.
Características del Anteproyecto
• Hipertrofia del preventivismo : no sólo se pretende
prevenir delitos, sino también infracciones administrativas
(art.3.i) ALSC). En esta línea también destaca la abundancia
de infracciones de mero peligro y la justificación de la
actividad de intervención de las FCS por el mero riesgo, por
ejemplo, de vulnerar normas del ordenamiento jurídico (vid
art. 4.3 ALSC).
• Existe una concreción incorrecta de la seguridad ciudadana
en la mera vulneración de normas del ordenamiento
jurídico, pues la infracción de tales normas, mientras no
supongan un peligro para personas, bienes o la tranquilidad
y el orden ciudadano no serían justificantes de intervención
Características del Anteproyecto
• En la línea preventivista, la actividad de intervención se
justifica por el mero riesgo o amenaza concreto o de
comportamiento
objetivamente
peligroso
(?)
que
razonablemente sea susceptible de provocar un perjuicio
real para la seguridad ciudadana.
• Persecución de formas de protesta ciudadana pacífica:
encierros, corte de vías públicas, escraches, despliegue de
pancartas en edificios públicos, manifestaciones ante sedes
parlamentarias sin actividad, manifestaciones de empleados
públicos con ropa de servicio (vid, entre otros: art.35.3,
art.35.4 , art.35.5, art. 35.8, art 35.29, art.36.2, art.36.8
ALSC)
•
Características del Anteproyecto
• Persecución del ejercicio de derechos fundamentales: como
el ejercicio de la libertad de información mediante las
denuncias de corrupción de autoridades o instituciones
públicas, que si se consideran calumniosas serán susceptibles
de sanción inmediata (art. 36.5 ALSC), el deslucimiento leve de
mobiliario urbano: colgar carteles o grafittis (art.36.14 ALSC),
la recogida de firmas o campañas de concienciación mediante
tenderetes (art.36-15 ALSC); las acampadas de protesta, tipo
movimiento 15-M (art. 36.15 ALSC; la huelga, incluyendo entre
los fines de la norma sancionadora la garantía
prestación
servicios esenciales comunidad (art.3.g) ALSC), la libre
circulación (art.19 CE), posibilitando controles, registros,
identificaciones o cacheos para investigar toda " acción ilegal o
contraria al ordenamiento jurídico idónea para provocar alarma
social" (art.17.2 ALSC)
Características del Anteproyecto
• -Fijación de las bases de un estado policial: incremento
del deber de colaboración ciudadana con las FCS bajo
imposición de sanciones (arts. 16.6; 23 y 35.18 ALSC) y ,
sobreprotección de los miembros de las FCS sin garantías de
su identificación numérica en sus actuaciones, facilitando
así la impunidad del uso de la violencia innecesario o
desproporcionado.
CONSIDERACIONES GENERALES
• DEROGA LA LO 2/10
• la LO 2/2010 fijaba un sistema de plazos en que se partía
de la tutela del bien jurídico de la vida del no nacido en
el momento inicial de la gestación se articulaba a través
de la voluntad de la mujer, y no contra ella, de forma que
la decisión de interrumpir el embarazo era una decisión
libre, sin interferencia de terceros en las 14 primeras
semanas de gestación. (art.14 LO 2/10).
CONSIDERACIONES GENERALES
• A partir de ahí, se establecían 3 supuestos de interrupción
por causas médicas (art.15 LO 2/10):
• A) Grave riesgo para la vida o salud de la embarazada, antes de
superar las 22 semanas de gestación
• B) Riesgo de graves anomalías en el feto, antes de superar las
22 semanas de gestación
• C) Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad
extremadamente grave e incurable en el feto.
• Por otra parte, es de señalar que la citada ley se extraía de la
regulación penal, evitando la criminalización innecesaria y la
concepción meramente represiva de la interrupción voluntaria
del embarazo, como hasta entonces había ocurrido.
CONSIDERACIONES GENERALES
• RETROCESO
a momentos anteriores a 1985 que contiene una
regulación profundamente reaccionaria, anclada en la
concepción de la mujer como un ser débil, inconsciente, voluble
y necesitada, por tanto, del paternalismo estatal.
• La regulación de 1985 contenía un sistema de indicaciones en
que se contemplaba la terapéutica (riesgo para la vida o salud de
la mujer) , la ética (víctimas de delitos contra la libertad sexual)
o la eugenésica ( riesgo de que el feto nazca con graves taras
físicas o psíquicas); el anteproyecto es más restrictivo aún, pues
no sólo abandona el sistema de plazos de la LO 2/10; sino que
además suprime la indicación eugenésica que contemplaba la
legislación de 1985, por lo que nos sitúa de lleno en la legislación
tardo franquista, de corte ultra católico.
EL ANACRÓNICO SISTEMA DE INDICACIONES
EN EL ANTEPROYECTO
•
a) TERAPÉUTICA en las 22 primeras semanas de gestación: se exige que
haya grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la
embarazada siempre que médicamente no haya otra forma de solucionar
el conflicto. Se impone así a la mujer el aborto como "ultima ratio",
obligándola a la maternidad no querida en caso de soluciones terapéuticas
alternativas e indeseadas, aún cuando no sean preferidas por ella, lo que
supone una inmisión intolerable en el derecho a la integridad física,
dignidad e intimidad de la mujer
• grave peligro para la vida o salud": exige que el embarazo
produzca un menoscabo importante a su salud, con
permanencia o duración en el tiempo, según los conocimientos
de la ciencia médica en ese momento. Ello obliga a la mujer
soportar los menoscabos no permanentes o poco duraderos en
su salud, aunque sean intensos o graves, pues los mismos no se
consideran peligro para la salud física o psíquica suficientes para
justificar el aborto.
EL ANACRÓNICO SISTEMA DE INDICACIONES
EN EL ANTEPROYECTO
• En el caso de que el grave peligro para la salud psíquica
tenga origen en la existencia de anomalía fetal incompatible
con la vida se entiende por anomalía fetal incompatible con la
vida aquélla que previsible y habitualmente, en el momento
del diagnóstico, se asocie con la muerte del feto o del recién
nacido durante el período neonatal, aunque en condiciones
excepcionales la supervivencia pueda ser mayor.
• Ello supone que no podrían amparar la existencia de riesgo
grave para la salud psíquica de la embarazada aquellas
anomalías fetales diagnosticadas que supongan un pronóstico
de muerte del niño después de esos 30 días pero en los
primeros meses o el primer año de vida, lo cuál revela una
crueldad sin parangón en el redactor del anteproyecto.
EL ANACRÓNICO SISTEMA DE INDICACIONES
EN EL ANTEPROYECTO
•
•
•
TERAPÉUTICA pasadas las 22 primeras semanas de gestación : se
permite en dos supuestos:
-Cuando no se haya detectado o podido detectar antes con
diagnóstico certero la anomalía incompatible con la vida del feto. En
realidad no se trata de una indicación, se trata de la interrupción de
un embarazo que con toda probabilidad acabará sin nacimiento con
vida, por lo que no existe bien jurídico en conflicto con la libertad,
intimidad y dignidad de la mujer embarazada.
- Cuando exista riesgo vital para la mujer no evitable mediante la
protección de la vida del concebido induciendo el parto. Se excluye,
de forma criticable el riesgo grave para la salud de la madre, que
puede ser no vital pero de consecuencias desastrosas y no ser evitable
mediante inducción al parto.
EL ANACRÓNICO SISTEMA DE INDICACIONES
EN EL ANTEPROYECTO
•
•
•
•
ÉTICA: La mal llamada indicación "ética" se produce cuando el embarazo
es consecuencia de un hecho constitutivo de delito contra la libertad o
indemnidad sexual, siempre que se practique antes de las 12 primeras
semanas de gestación y el hecho se haya denunciado antes.
Esta indicación había sido suprimida por la LO 2/2010, que partía de que
durante las 14 semanas primeras de gestación la mujer podía interrumpir
el embarazo, sin que fuera exigible, como vuelve a serlo con el
anteproyecto, que demostrara que había sido víctima de un delito contra la
libertad sexual a fin de eximirla de responsabilidad penal.
Ello supone que la mujer que además de ser víctima de agresión sexual
tenga la desgracia de quedar embarazada tendrá la obligación de
interponer denuncia, con el coste psicológico que ello supone, a fin de
poder practicar la interrupción voluntaria del embarazo producto del
delito.
No parece razonable imponer más cargas (denunciar) a una víctima de
un delito por el mero hecho de quedar embarazada que a una víctima
que no haya sufrido esa indeseada consecuencia
LA ELIMINACIÓN DE LA INDICACIÓN EUGENÉSICA
• La eliminación de la indicación eugenésica, es decir, cuando el
feto presenta riesgo de graves anomalías o bien una
enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento
del diagnóstico (art.15b) y 15c) LO 2/10), supone obligar a la
mujer y al otro progenitor/a a aceptar vivir en situación
excepcional de permanente asistencia a un hijo/a con graves
taras físicas o psíquicas, sin suficientes prestaciones sociales
y con la angustia de la suerte que pueda aguardarle si les
sobrevive. El legislador protege la vida del no nacido a costa
de la vida de los padres y sin arbitrar medida económica alguna
en la propia ley o mejorar el sistema de dependencia, en lo
que podíamos definir como "caridad punitiva”
•
La supresión de esta indicación puede ser contraria a la
Constitución y a los compromisos internacionales adoptados por
España.
LA AUSENCIA DE INDICACIÓN SOCIAL
• Los embarazos no deseados afectan especialmente a las
mujeres con pocos recursos, en situación de exclusión social
y con pocas perspectivas de futuro, por lo que en tales casos
la maternidad viene a agravar la situación de penuria
preexistente.
• No poder decidir en las primeras semanas de gestación
libremente sobre la interrupción de ese embarazo no deseado
es tanto como convertir a esas mujeres en meros
instrumentos de maternidad con el coste psíquico y físico que
ello comporta y todo en aras de satisfacer las exigencias de
una concepción religiosa o moral de la vida que no tiene por
qué compartir ni la afectada ni el resto de la sociedad.
LA AUSENCIA DE INDICACIÓN SOCIAL
• Incluso la legislación alemana, que desde 1975 estimó el
sistema de plazos inconstitucional (SSTCFA de 25 de febrero
de 1975 y de 28 de mayo de 1993), admite la indicación
social , como también lo hacen Islandia, Dinamarca,
Noruega, Países Bajos, Portugal y Suecia. Son
principalmente países de tradición católica los que ni
contemplan sistema de plazos ni contemplan indicación
social, ej: Polonia, Irlanda y España con el anteproyecto.

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